Reflexiones políticas en tiempos de crisis sanitaria.
Economista
La situación excepcional que vivimos pone a prueba a la sociedad y a los políticos que la representan y dirigen
Crisis y decisiones políticas
Se conoce bien a una persona cuando se puede observar su comportamiento en situaciones fuera de lo normal. De la misma manera se puede comprobar la capacidad de los políticos por su actuación ante una crisis. Podemos recordar tres crisis y sus graves consecuencias en la historia reciente de España: el hundimiento del petrolero Prestige y la contaminación que causó; la quiebra de Lehman Brothers que marcó el comienzo de la Gran Recesión, y la actual pandemia Covid-19 con su secuela de víctimas y la paralización económica producida.
Una vez superado el suceso es fácil, o por lo menos menos complicado, señalar cuál debería haber sido la actuación, pero lo importante no es acusar al responsable por no haber tomado la decisión correcta, sino saber porqué se tomaron unas determinadas decisiones, qué alternativas había y porqué se decidió actuar de una forma determinada. Puede sospecharse que el motivo por el que en ocasiones se actúa tarde y mal sea el cálculo de las repercusiones electorales.
En el caso del Prestige una de las opciones planteadas fue llevarlo a un puerto cuando empezaron los problemas. Pero eso significaba afectar gravemente a ese lugar y provocar de inmediato las protestas locales. La opción fue descartada, ordenando al petrolero alejarse lo más posible de la costa, con lo que la contaminación quedó descontrolada y afectó no solo a un puerto sino a toda la costa.
En la crisis económica que comenzó en 2007 la actuación del presidente del gobierno español consistió en intentar inundar de optimismo a la población, negando de forma pertinaz la crisis contra toda evidencia, y gastando el presupuesto público de forma atolondrada en obra pública innecesaria e improductiva para dar la sensación de actividad económica.
En la presente crisis sanitaria es evidente que se ha actuado tarde y con errores y omisiones, con el agravante de que ya se conocía lo que estaba ocurriendo en otros países. Se sabía que era esencial trabajar en varios frentes: ampliación de la capacidad hospitalaria, disponibilidad de elementos de protección personal, intervención de residencias de mayores, realización de test masivos fiables, prohibición de actos multitudinarios. ¿Por qué se optó por no actuar en ningún sentido y, simplemente, comunicar una sensación de tranquilidad? Es posible que la resistencia de los políticos a comunicar malas noticias sea por su convencimiento de que les hace perder votos, pero desconozco si han pensado en el costo que puede tener en vidas humanas.
El problema que quiero señalar no es si la decisión tomada por los políticos ha sido acertada o errónea, sino en función de qué han tomado esa decisión, con el temor de que los criterios electorales se anteponen a cualquier otro.
Los expertos como pantalla
En esta crisis sanitaria se han hecho frecuentes las ruedas de prensa de miembros del gobierno para explicar las medidas que se van tomando. De forma recurrente las justifican por el criterio de los expertos, descargando sobre ellos la responsabilidad de posibles críticas. Es un gran error, no solo por desviar posibles culpabilidades, sino porque demuestra ignorancia sobre la responsabilidad política. Los expertos elaboran informes a partir de datos que analizan según sus conocimientos, evaluando alternativas y formulando recomendaciones, pero la decisión es del político, que ha de valorar los informes pero no limitarse a ellos. El político ha de valorar los informes y decidir según su capacidad de gestión, su conocimiento global de la situación y su ideología política.
La dificultad de cualquier decisión estriba en la incertidumbre del futuro, que debe acotarse con información, análisis, y conocimiento del contexto. Pero también es importante la valoración de beneficios y perjuicios, de beneficiados y perjudicados, porque siempre hay costos y agravios.
Tenemos unos gobernantes que han demostrado su capacidad para conseguir el poder, ahora tienen que demostrar su capacidad como gobernantes.
Transparencia y rendición de cuentas
Cuando en España se van dejando atrás los momentos más duros de la infección, en cuanto a número de contagiados y fallecidos, se plantea la progresiva relajación de las medidas de confinamiento. Lógicamente, como la situación difiere por zonas, la evolución es gradual y no simultánea para todo el país. Una vez más se confía la decisión a un comité de expertos. Llegaremos a pensar que si ya tenemos expertos para qué queremos a los políticos, y que un gobierno presuntamente socialista actúa, y presume de ello, de forma tecnocrática. Y esta vez han ido más allá, amparando al comité en el anonimato. Es muy razonable la existencia del comité y su anonimato, pero siempre que el gobernante asuma la responsabilidad de las decisiones. Cuando el motivo aducido para el anonimato es liberar al comité de presiones deberían reconocer que lo que pretenden es tener la exclusiva de presionar, como ha quedado en evidencia con la dimisión de una profesional cuando la obligaban a firmar un informe con el que no estaba de acuerdo, y con la firma de un informe unas horas después de haberse tomado la decisión determinada por el informe.
El anonimato de quien toma las decisiones atenta contra una de las esencias de la democracia, la necesidad de que los ciudadanos sepan quiénes deciden qué. Solo es justificable en caso de guerra, para que el enemigo tenga la mínima información posible, pero es altamente improbable que para el virus este conocimiento sea relevante.
Aunque con el estado de alarma puedan considerarse suspendidas algunas leyes, el derecho a la transparencia y rendición de cuentas deben permanecer como necesarios valores democráticos, pero parece que el poder siente periódicamente la necesidad de convertirse en Gran Hermano. Los expertos son necesarios, pero ocupando su lugar y no el de los políticos. Que nunca lleguemos a plantearnos para qué queremos la democracia si ya tenemos a los expertos.