Política institucional entre cambios sociales acelerados
Sociólogo
Los términos sociológicos diversificación, diferenciación e individualización conforman una tríada coherente.
Vivimos entre formaciones sociales que ya no se definen por ser grandes agregados sociales, es decir, grupos internamente poco diferenciados. El proceso sociológico de individualización comporta desagregación social. El primer y más difundido ejemplo de cómo iban desmenuzándose grandes segmentos típicos de población desde el último tercio del siglo XX, fue el declive de la clase obrera como gran agregado social definido por condiciones de vida bastante comunes. Tomemos en consideración que el análisis de clases convencional daba cuenta de las relaciones de desigualdad por bloques sociales: se ajustaba al criterio de la estandarización de condiciones. Ahora, en cambio, de acuerdo con las formaciones sociales contemporáneas, predomina el análisis interseccional. Plantea que la estructura de desigualdades surge de la confluencia en términos de dominación de un conjunto de categorías biológicas, sociales y culturales que se mueven entre las dimensiones objetiva y subjetiva de las experiencias de vida, tales como la edad, el sexo y el género, la etnia y la nacionalidad, la clase, la discapacidad, entre otras. Diferentes personas pueden acumular unos u otros riesgos sociales que las sitúen en situaciones de exclusión o precariedad. Y no tanto porque formen parte de un bloque social que contenga similares características, sino porque sus mismas particularidades personales explican el grado de dominación o discriminación que pueden sufrir. Que quede claro que existen los grupos que comparten características. No somos una sociedad de individuos solitarios, no se conocen sociedades compuestas por personas solas. Ahora bien, conviene que retengamos la idea de que el proceso de diversificación y diferenciación sociales, que es la pauta de cambio en nuestras sociedades, se desarrolla tomando más atención sobre la persona que en su grupo potencial de referencia. Por lo que los términos sociológicos diversificación, diferenciación e individualización conforman una tríada coherente.
Sí, estructuralmente hablando, esta tríada se desarrolla entre relaciones de poder que sostienen desigualdades lacerantes de las posibilidades vitales de importantes segmentos de la población, luego la respuesta de la política democrática frente a tal contexto también se ve impelida a atender a un abanico de particularidades materializadas en categorías sociales más fragmentadas, que se expresan en multitud de historias de vida alejadas de las pautas de estandardización de los grandes grupos de población. Consecuentemente, no es un juicio de valor que la antigua concepción imperativa del proceso político y el diseño e implementación de políticas públicas pensadas para grandes agregados sociales sea disfuncional en sociedades como la nuestra, es un hecho. En cambio, sí es una orientación de valor que en tales circunstancias la política institucional siga el propósito de mejorar la capacidad de organización en un territorio dado, reorientando las políticas y la gestión pública del esquema imperativo a la capacidad de cooperación y coordinación con la sociedad civil y las redes comunitarias del territorio. Claro que esto en última instancia dependerá de la voluntad democrática de los gobiernos y, muy particularmente, de la capacidad de la iniciativa civil para presionarlos en tal dirección, asegurando que las políticas públicas sean el producto de un haz de influencias, confrontaciones y consensos sujetos a una continua revisión.
Según esto, la vertiente relacional de la política institucional deberá establecer canales de participación con todo tipo de agentes sociales para la consecución de objetivos; conjugar las dimensiones representativa, deliberativa y participativa características del proceso democrático, a la vez que será necesario que sea capaz de ejercer liderazgo: la habilidad para tomar decisiones, actuar y asumir la responsabilidad pública de la actuación. Las condiciones del entorno llevan a actuar siguiendo estos preceptos, dado que la complejidad contextual se define por la característica de la elasticidad de las demandas sociales y la reconfiguración conceptual de los problemas a enfrentar. Para entendernos, no es lo mismo considerar que alguien no tiene techo a sostener que no dispone de hogar. Tampoco lo es que una persona tenga la consideración de disminuida a que se la conciba como ciudadana de pleno derecho con particularidades funcionales. Llegar a obtener un hogar conlleva un conjunto diverso y sofisticado de políticas públicas y servicios destinados a procurar que quien se encuentra en la calle, o casi, obtenga la posibilidad de vivir dignamente. No se trata únicamente de procurarle un techo, que muy bien podría tratarse de un alberge o una pensión. Del mismo modo, pensar las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos universales de ciudadanía, lleva a desarrollar políticas para una vida autónoma y de intervención urbana a gran escala que favorezcan la plena inclusión en sociedad de aquellos que presentan particularidades funcionales, sean sensoriales, mentales, físicas o psíquicas. Lejos queda el esquematismo arbitrario de responsabilizar a las familias de todos los cuidados que requieren estas personas, o bien ofrecer poca cosa más que el recurso público para su institucionalización.
Estos ejemplos nos hacen comprender que la implicación de una gran diversidad de actores en la acción social es un reto político y de gestión pública de gran magnitud. Porque en un escenario de diversificación de los problemas y retos sociales no es posible concebir la política institucional como si fuera omnisciente y omnipotente. Ahora, más que nunca, gobernar conlleva asumir el pluralismo, el conflicto y la diversidad, en tanto que elementos consubstanciales de un proceso político que llega a consensos, no tanto por consentimiento como por convicción. Por este motivo, en semejantes condiciones los procedimientos de la política institucional deben adquirir más capacidad relacional que de ejecución imperativa. Y, por tanto, la principal función de la autoridad política democrática es ser un nódulo dinamizador estratégico de la organización social, dado que debe ser ponente de estrategia política y a la vez garante de responsabilidad pública en un marco entrelazado de relaciones con la sociedad civil, las redes comunitarias, las diferentes posiciones de poder y las pautas continuadas de cambio social que se expresan y materializan en nuevas condiciones de vida.