Autor: Néstor Roque Solís
Mientras que los Presupuestos Participativos (PP) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), resultan exitosos en países hermanos, en el Perú tales instrumentos de modernización del Estado constituyen una experiencia en crisis. Me temo, que si no se toman medidas correctivas en el corto plazo, estas experiencias de participación se debiliten mucho más, y el proceso puede resultar un fracaso que no deseamos.
El PP y el SNIP van de tumbo en tumbo y no está dando los resultados esperados en el Perú. A pesar de las exigencias y plazos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con el proceso del PP del año fiscal 2010. Cerca del 100% de los gobiernos regionales y locales están omisos a la presentación del informe final del PP 2010 al MEF y otros organismos públicos de control y fiscalización de las inversiones públicas en el país: Primero porque comenzaron tarde el proceso, segundo porque los gobiernos locales, regionales y la sociedad civil no cuentan con proyectos y estudios definitivos para ser considerados en el informe como lo señala la norma modificada del PP para el año fiscal 2010.
¿Cómo no va ser bueno los PP si crean participación y desarrollo desde la propia base social? ¿Cómo no va ser bueno el SNIP si sirve para detener el desorden de la inversión pública? Son pocos los presidentes regionales y alcaldes que asumen con responsabilidad la democracia participativa y modernización del Estado. La mayoría expresa su malestar con estos instrumentos de gestión porque les quita autoridad para tener un cheque en blanco para el uso como quieran y dónde quieran con la plata de todos los peruanos. A muchos presidentes de regiones y alcaldes les gustaría gobernar sin PP y sin SNIP, porque ambicionan todo el poder en sus manos. No quieren intermediarios ni sistemas de control y fiscalización.
¿Qué sucedería si anulamos los PP y los SNIP?. El mal uso y la corrupción serían mayores. El problema es que se ha centralizado demasiado el proceso de los PP. Día y noche dependemos del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, como no hay un Ministerio de Planificación y el CEPLAN no funciona. El MEF transfiere, legisla, administra, planifica, fiscaliza y sanciona a los gobiernos locales y regionales que incumplen su mandato.
He trabajado como consultor: facilitando Presupuesto Participativo en Chile, donde no hay ley de PP. Los alcaldes por propia iniciativa hacen rendición de cuentas a las comunas y aprueban su ordenanza municipal anual para consultar a la sociedad civil las inversiones a ejecutar. Los PP en Chile es una fiesta popular. En el Perú es un mandato que viene de arriba hacia abajo que muy pocos quieren cumplir. Chile tiene una cultura del desarrollo, el Perú tiene una cultura de apagar incendios y sacar la vuelta a los instrumentos de gestión.
En el proceso de los presupuestos participativos existen muchas debilidades, empezando por tres conceptos básicos que no se entienden como es debido:
Primero, la gobernabilidad o gobernanza, está debilitado en su capacidad de dirección con los actores sociales públicos y privados. Los gobiernos locales y regionales ni tienen la capacidad ni sistematizan el proceso con enseñanza-aprendizaje para desarrollar el PP, valioso instrumento de gestión y participación ciudadana.
Segundo, los stakeholders, los agentes participantes. Los actores sociales cada día pierden interés en el proceso de los PP porque los gobernantes vulneran acuerdos y compromisos. Son pocos los gobiernos locales y regionales que empoderan seriamente las decisiones de la sociedad civil organizada.
Tercero, la accountability, las audiencias públicas para la rendición de cuentas de las inversiones resultan un saludo a la bandera para la mayoría de gobiernos locales y regionales.
Estos tres problemas básicos están trayendo por tierra el PP, que se define como instrumento democrático de participación ciudadana en la construcción del desarrollo territorial. Falta construir una cultura por el cambio que, como sabemos, se inicia en la forma de pensar y actuar en forma sistemática, porque el Presupuesto Participativo es un asunto jurídico, económico, técnico, político, social y humano.
Ahora el MEF recomienda un PP por resultados. Estamos en el séptimo mes de elaboración del PP del año 2010, y muchos todavía no terminan sus procesos. Los otros sólo pretenden cumplir con el 20% de lo que señala la ley junto con los instructivos que recomienda y exige el MEF.
Habiéndose modificado la ley 28056, sus instructivos son ahora permanentes. Igual no se tiene dinámica ni decisión política para dar más recursos a las actividades de capacitación acerca de las estrategias de desarrollo local y regional.
Los dirigentes están cansados de reclamar que sus obras aprobadas se ejecuten. Pero sucede que de un año para otro cambian los montos y las prioridades. Incluso cambian las autoridades y la correlación de fuerzas políticas. Y por eso los acuerdos no se cumplen. Muchos de los planes concertados y presupuestos participativos no funcionan en los distritos y provincias, incluso en la región Lima, donde se cuenta con consultores propios y del PNUD. Están en deuda con la sociedad civil en la ejecución de proyectos de inversión de los PP de los años 2008 y 2009. Su falta de capacidad de inversión los desespera y por eso están detrás de los proyectos municipales. Me pregunto: ¿Para qué queremos un Presidente Regional para estar haciendo veredas, pistas caminos y mejoramiento de carreteras que duran solo un par de años?
De los 200 millones que tiene para inversión en el presente año 2009, el Gobierno Regional de Lima apenas ha invertido el 15 % con ayuda de los gobiernos locales: 30 millones de soles. Esta notoria deficiencia en el rubro de inversiones califica al GRL, según el último informe del Congreso de la República, como uno de los más débiles en competitividad y capacidad de inversión, como si no supieran sus funcionarios qué hacer con las transferencias por millones de soles que le ha otorgado el gobierno central. Es una seria advertencia a ejecutivos y autoridades del Gobierno Regional de Lima para hacer una evaluación responsable de sus consultores que hasta el momento no han presentado proyectos de impacto regional en educación, salud, agricultura, pesquería, ganadería, turismo y fortalecimiento institucional para iniciar un verdadero proceso de desarrollo integral y sostenible en la región Lima.
La principal meta económico-social de un gobierno regional es elevar la calidad de vida para los ciudadanos. El éxito de un territorio no está solamente en la reparación y mantenimiento de pistas y carreteras, sino en construir tejidos económicos y sociales por la vía de la innovación y el cambio tecnológico, para lo cual hay que convocar mesas y plazas públicas de diálogo ciudadano y concertar los grandes proyectos de impacto regional.
Se trata de plasmar con urgencia un proyecto político-institucional de ancha base social para proponer una agenda o plataforma de lucha que recoja las reivindicaciones de las nueve provincias. Las ofertas no solamente deben aparecer en campañas electorales, sino que deben ser una acción permanente. En la región Lima, a pesar de algunos esfuerzos, todavía es tarea ausente. El desarrollo regional pasa por revolucionar las ideas tradicionales, exige dejar de lado protagonismos individuales. El desarrollo lo genera el capital humano y sus organizaciones inteligentes.
Huacho, 29/07/09