Palmer lideró el Partido socialdemócrata sueco desde 1969 a 1986, es decir, durante casi veinte años. Fue Primer Ministro de Suecia entre 1969 y 1976 y desde 1982 hasta su asesinato en 1986. Había nacido en el seno de una familia de clase alta, pero abrazó desde muy joven los ideales socialdemócratas. Hizo sus estudios primarios y de bachillerato en Suecia y viajo a Estados Unidos donde hizo un Bachellor of Arts y escribió un ensayo crítico sobre la gran obra del maestro liberal Hayek, Camino de Servidumbre. De Estados Unidos rechazó las profundas desigualdades económicas y la segregación racial. De vuelta a Suecia estudió Derecho en Estocolmo y fue elegido Presidente de la Unión Nacional de Estudiantes. Un viaje a Asia en 1953 abrió sus ojos a las consecuencias del colonialismo y del imperialismo. Desde entonces viajó extensamente por el Tercer Mundo y abrazó la causa del desarrollo y la solidaridad entre los pueblos como un componente necesario de la identidad socialdemócrata. El entonces Primer Ministro y líder del Partido Tage Erlander lo incorporó a su secretariado. Desde 1955 fue miembro del directorio de la Liga de la Juventud Socialdemócrata. En 1957 fue elegido diputado en el Parlamento nacional. Desde 1963 desempeñó diversos cargos en el Gobierno. En 1967 fue nombrado Ministro de Educación teniendo que soportar duras protestas de los estudiantes izquierdistas contra su reforma universitaria.
Palme se hizo notorio en la esfera internacional por desarrollar una neutralidad activa en tiempos de la Guerra Fría que tuvo como principales componentes: su crítica dura y emotiva a la guerra de Vietnam; su oposición al aplastamiento de la Primavera de Praga por la Unión Soviética; su campaña contra la proliferación de armas nucleares; su crítica al régimen de Franco en España; su oposición al apartheid y su apoyo a las sanciones contra Sudáfrica; su apoyo político y financiero al Congreso Nacional Africano y a la Organización para la Liberación de Palestina, y su encuentro con Fidel Castro; su ampliación de los recursos de cooperación al desarrollo, la paz y la democracia en el mundo; su apoyo al fortalecimiento de las Naciones Unidas como el espacio de encuentro y deliberación de la vida internacional. Bastaría con consultar el discurso que Fidel Castro pronunció el 26 de julio de 1975 en Santiago de Cuba reconociendo los logros internos de la socialdemocracia sueca y el valor de su política internacional. Palme ganó muchos admiradores con estas políticas, pero también muchos detractores tanto interna como internacionalmente.
Lo que Palme quiso marcar con su política exterior es un modelo de desarrollo que se consideraba igualmente diferente del comunismo soviético y del capitalismo norteamericano. Palme perteneció al mundo industrial y de la guerra fría. Vivió lo que en Europa se han llamado los 30 gloriosos, es decir, los treinta años que siguieron a la segunda guerra mundial y que fueron de crecimiento continuo, de pleno empleo y de avance constante en los derechos políticos, económicos y sociales. Se negó a que el socialismo democrático acabara defendiendo un modelo económico y social plenamente identificado con el norteamericano a la vez que combatió la dictadura, la represión y la ineficiencia en la Unión Soviética. Creyó en una sociedad de libertad y de igualdad apoyada a la vez en un sector empresarial fuerte y competitivo y en un Estado fuerte, transparente, de derecho y distributivo. Fue un decidido defensor de la llamada “democracia económica”. Combatió el racismo y luchó contra todas las formas de exclusión y discriminación, impulsando decididamente las políticas de género.
Conectó con la cultura de esfuerzo, trabajo, innovación y con los anhelos de igualdad y libertad de la mayoría de su pueblo. Fue el propulsor de un modelo de sociedad que reducía la pobreza al mínimo, igualaba todos los segmentos de las clases trabajadoras al máximo, permitía la acumulación privada de capital y beneficios a cambio de fuertes gravámenes fiscales, distribuía a través de servicios públicos universales de calidad, igualaba a la mujer, fortalecía a los sindicatos y avanzaba la participación y la transparencia. El día que mataron a Olof Palme mataron también el proyecto de vida correspondiente a ese modelo social: una sociedad de clases medias trabajadoras, esforzadas, cada vez más preparadas, sanas y deportistas, confiadas en las instituciones públicas, comprometidas con la paz, la solidaridad y el progreso internacional, poco envidiosas de las grandes fortunas y los estilos de vida dilapidadores, sencillas, confiadas en su salario, su sindicato, sus ahorros y sus servicios de seguridad social… Y un mundo de Estados-nación soberanos, democráticos, responsables de crear las condiciones del bienestar igual de su gente y de rendir cuenta ante ella, miembros de una comunidad internacional cooperativa y exenta de vínculos imperialistas.
Pero el proceso histórico general, por razones que no corresponde exponer ahora, llevó de la hegemonía de la agenda socialdemócrata a la hegemonía de la agenda neoliberal coincidiendo con los procesos de globalización, revolución tecnológica, caída del Muro de Berlín, hegemonía y mundialización del capital financiero, transnacionalización de las grandes empresas, transformación de la estructura empresarial en general, incremento de las transacciones financieras, de mercancías y de personas, debilitamiento de los sindicatos, transformaciones del mercado de trabajo y fragmentación de las clases sociales, nuevos valores de individualización y consumo, emergencia de identidades, nuevos conflictos internacionales y luchas por la hegemonía en la gobernanza global… en definitiva todo el conjunto de fenómenos que caracterizan el mundo actual, postindustrial, global, de la información y el conocimiento…
No deja de producir cierta melancolía el ver cómo los ideales socialdemócratas de igualdad en las condiciones de la libertad dentro de cada país y de creciente igualdad entre los países han sido sustituidos por los programas de lucha contra la pobreza o los objetivos del milenio, a los que sin negar su mérito hay que calificar de mucho más resignados. A la sociedad soñada de trabajadores en igualdad hoy se plantea el sueño de una sociedad capaz de producir empleo. Eppur si muove. Algunos no estamos dispuestos a renunciar a la utopía que no quimera de una humanidad de iguales en libertad, diversa y cosmopolita a la vez. La mirada del socialismo democrático está cambiando porque el mundo ha cambiado. Por un momento pareció que la agenda neoliberal iba a prevalecer por largos años; pero se ha agostado pronto ante la incapacidad de generar ilusión y cumplir promesas, especialmente en su versión neoconservadora. Tampoco han sido pocos los que han invocado a la socialdemocracia para traicionar sus ideales con sus prácticas personales y partidarias no sólo en América Latina. No faltan ejemplos vergonzosos como la salida de Schröder para hacerse millonario en Gaz Prom o de Tony Blair para hacer lo propio en J.P. Morgan. Cuando los líderes socialdemócratas se desclasan para integrarse –subordinadamente- con los poderosos del mundo de hoy quizás el cadáver de Olof Palme se revuelva en su tumba como lo hacen las vísceras de quienes nos consideramos herederos de sus valores democráticos y socialistas.
El Estado Social y Democrático de Derecho
Una de las construcciones institucionales más importantes debidas en gran parte al movimiento socialdemócrata internacional es el Estado Social y Democrático de Derecho, que aquí discutimos en relación a la Constitución Política del Estado (en adelante CPE) de Bolivia aunque con términos de alcance general.
La CPE vigente declara en su artículo 1.II que Bolivia es un Estado Social y Democrático de Derecho (en adelante ESDD). Como obviamente no lo es sino de manera muy imperfecta habrá que interpretar que la Constitución no está describiendo los hechos sino marcando normativamente un horizonte reformista exigente para los bolivianos ¿En qué consiste tal horizonte? ¿Qué hay que hacer para llegar a ser un ESDD de verdad? ¿Vale la pena el viaje?
El concepto de ESDD pertenece a lo mejor de la tradición democrática occidental, pero Bolivia puede hacer perfectamente una “reapropiación significativa” o una “resignificación semántica” (Pablo Mamani) del concepto, por ejemplo, tomando en cuenta determinadas prácticas democráticas de la vida comunitaria en el sentido que sugería Víctor Hugo Cárdenas.
Lo primero a destacar es que el ESDD es un concepto integral. El ESDD no es un Estado en el que se yuxtaponen el Estado de Derecho, el Social y el Democrático. Integral quiere decir que cada componente implica y comprende a los demás, es decir, que no hay Estado de Derecho si no es Social y Democrático a la vez, que no hay Estado Democrático si no es a la vez Estado de Derecho y Social y, finalmente, que no hay Estado Social si no es a la vez Estado de Derecho y Democrático. Veremos seguidamente como cada cláusula se interrelaciona con las demás.
El Estado de Derecho es una construcción histórica que ha ido tomando significados diferentes a lo largo del tiempo. Una buena definición del Estado de Derecho para hoy sería “un Estado que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, que divide el ejercicio del poder del Estado entre diferentes instituciones u órganos y que subordina la actuación de todos éstos a la voluntad popular expresada en la Constitución y la Ley” (Isidre Molas). Esta definición incluye pero no reduce el Estado de Derecho a la seguridad jurídica. La función de dar seguridad jurídica a los derechos de propiedad y a las transacciones económicas es imprescindible para que funcione la economía de mercado, pero por sí misma no constituye un Estado de Derecho verdadero, pues resulta compatible con un sistema político autoritario y nada social. Las dictaduras de Franco o de Pinochet acogieren este concepto formal de Estado de Derecho cuya filiación se encuentra en la nada democrática tradición imperial alemana.
Desde la cláusula constitucional del ESDD, el Estado de Derecho es un concepto muy exigente pues implica: (a) la garantía efectiva de los derechos fundamentales como medio para asegurar que todos los miembros de la comunidad acceden a una igual libertad inherente a la dignidad de la persona; (b) una efectiva división de poderes situados todos en la lógica del autogobierno de los ciudadanos; (c) el imperio de la Ley democráticamente formulada (Francesc de Carreras). El imperio de la Ley supone a su vez el principio de constitucionalidad, el de legalidad, la seguridad jurídica, la interdicción o prohibición de la arbitrariedad y la exigencia de responsabilidad en el ejercicio de los poderes públicos. El Estado de Derecho, en el contexto boliviano, no es, pues, la seguridad y defensa de lo “dado” sino un compromiso muy exigente de acción y transformación colectiva de lo que existe.
El Estado Social, como elemento integrante del ESDD, supera ampliamente el concepto tradicional de Estado Liberal de Derecho. Este último, conocido también como Estado abstencionista, mínimo o gendarme, suponía la existencia de una división nítida entre Estado y Sociedad, entre la esfera pública y la privada. Para los liberales la “buena sociedad” era la que permitía el libre juego de las fuerzas del mercado sin interferencias estatales, y el “buen gobierno” era el de un Estado constitucionalmente contenido dentro de las fronteras de lo político (de ahí la expresión bien liberal de Constitución “Política” del Estado, que convendría revisar en Bolivia). El concepto de Estado Social de Derecho es una elaboración del jurista socialdemócrata alemán Hermann Heller. Éste, ya en 1929, llegó a la conclusión de que en una sociedad democrática, para que las personas poseyeran un control básico sobre su propio destino, era necesario que el Derecho, creado democráticamente por personas jurídicamente iguales, permitiera avanzar hacia una verdadera sociedad democrática de personas social y económicamente iguales.
Este concepto de Estado Social de Derecho se opone al concepto de Estado Social tanto de los sistemas dictatoriales (no se olvide que Hitler era nacional-socialista, Stalin comunista, Franco también decía que su Estado era social) como de los sistemas autoritarios-populistas, pseudo-democráticos, prebendales, clientelares, caracterizados en conjunto por la redistribución de rentas sin generación de verdaderos derechos ciudadanos. El Estado Social de la cláusula del ESDD es necesariamente de Derecho y Democrático, y su Constitución –que ya no es sólo política- no sólo permite sino que exige la intervención del Estado democrático en la vida social, económica y cultural. El Estado Social así entendido significa la superación de la división nítida entre Estado y Sociedad. En conclusión la cláusula del Estado Social implica: (1) que la Constitución no es sólo Política; (2) el reconocimiento y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y (3) la introducción del principio de igualdad material como complemento y corrección del principio de igualdad formal y como vía para eliminar desigualdades y discriminaciones de los sectores sociales más débiles. Hoy se entiende que el Estado Social es también una exigencia del principio democrático.
El principio democrático exige, en efecto, la participación igual de todos los integrantes de la comunidad en las decisiones de la misma. El fundamento de la democracia es axiológico: la atribución de igual valor y dignidad a toda vida humana. Para que la participación sea libre e igual es necesario que los ciudadanos dispongan de iguales condiciones para el uso de su libertad. Por eso el Estado democrático exige el Estado Social y éste se pone al servicio de la libertad democrática. Tocqueville denunciaba a sus compatriotas franceses porque no pedían libertad sino reformas. Lo que quería señalar era la diferencia entre las reformas orientadas a mejorar la libertad y las simplemente orientadas a mejorar las condiciones de vida de quienes seguirían siendo más súbditos que ciudadanos. Por eso la orientación de la democracia a la libertad exige no sólo el Estado Social sino también el Estado de Derecho.
El principio democrático se basa, en fin, en la igualdad de las personas para decidir y en la combinación de dos grandes reglas: la búsqueda del gobierno por consenso y, en su imposibilidad, la organización del gobierno por mayoría. La democracia se debilita cuando falla la deliberación y disminuyen las oportunidades del consenso. La igualdad en el disfrute de la libertad se convierte en un objetivo político y social de la democracia. Ésta se manifiesta no sólo como una idea política que atribuye legitimidad al poder sino también como un sistema jurídico estructurador de las reglas del sistema político. La democracia no es sólo gobierno del pueblo sino también gobierno dentro de las reglas constitucionalmente fijadas por la Constitución para el sistema político, es decir, Estado de Derecho.
El principio democrático hoy debe garantizar el pluralismo tanto en lo político como en lo social, lo nacional, lo cultural, lo religioso y lo lingüístico. Es el pluralismo acompañado de una esfera pública deliberativa lo que permite que emerjan las demandas sociales y que los conflictos acaben reconduciéndose de las calles y caminos a las instituciones democráticas.