Guatemala, un gran volcán con una semilla de esperanza
Jesús López-Medel Báscones
Abogado del Estado en España y Observador internacional de la OEA, OSCE y UE
El Estado de derecho está en peligro en el país centroamericano por los ataques del poder a los jueces comprometidos. El Movimiento Semilla abre una vía al optimismo en las elecciones del 20 de agosto.
La sacudida de seísmos que padece toda América Latina está recorriendo las venas –como diría Eduardo Galeano– de este continente. Su más abrupta manifestación ha sido el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. En la misma fecha de las elecciones ecuatorianas, este próximo domingo 20 de agosto, se dilucida el rumbo de un país aún con más inestabilidad y muchos más peligros.
Guatemala es en la actualidad más que un volcán. Un lugar hermoso, pero atravesado por encrucijadas muy complejas. Escribo desde allí en la séptima ocasión en que visito el país centroamericano, aunque esta vez lo hago como turista. Los otros viajes eran por causa de mi actividad relacionada con los derechos humanos. Trabajé tras los acuerdos de paz de 1996 con la gente de la antigua guerrilla, formándoles en lo que debía ser el trabajo en las instituciones democráticas y la conveniencia de utilizar bien éstas para hacer política por vías pacíficas. Pero esa izquierda revolucionaria pasaría a la marginalidad electoral a partir de 2003, y de ahí a la disolución.
Otras dos veces acudí como miembro de la Misión de Observación Electoral de la OEA, en los comicios de 2007 y 2015. En las primeras, escribiría mi análisis “Guatemala, un volcán”, reflexión que por desgracia se mantiene vigente. De hecho, la situación ha empeorado. En aquellas elecciones ganaría Álvaro Colom, antaño miembro de la fuerzas de esa izquierda que se iba desangrando sola, aunque él evolucionó hacia la socialdemocracia. Estaba casado con Sandra Torres (atención a este nombre, muy de actualidad), que intentaría sucederle en los comicios de 2011 mediante un divorcio simulado para evitar la prohibición constitucional extensible a los familiares de no renovación de candidatura para los siguientes comicios. La Corte Suprema la vetó. Álvaro Colom acabó enlodado con acusaciones varias y tardías. Falleció hace ocho meses.
Durante aquel periodo adquirió aún más fuerza uno de los grandes cánceres de este país: una muy abundante corrupción a altísimos niveles institucionales. De hecho, cuando llegué por segunda vez con la OEA, para ser observador internacional a las elecciones de 2015, asistí por televisión a la detención de la vicepresidenta, y muy poco después del propio presidente Otto Pérez Molina. Uno de los casos de corrupción del enorme lodazal tenía como implicados a varios empresarios españoles que habían realizado importantes sobornos a miembros del gobierno. En la defensa de los inculpados, sobre los que pesaba orden de extradición, intervino el “patriota” Villarejo a cambio de 10 millones de euros. Sus tentáculos y amistades con personajes de la a veces tenebrosa (en este caso así fue) Audiencia Nacional, con exjueces antaño prestigiosos y fiscales que harían carrera política, salvarían de la extracción al principal sobornador. El excomisario documentó en facturas sus gestiones.
A ese presidente le sucederían otros dos, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, ambos muy de derechas, que permitieron que la corrupción siguiera extendiéndose y se incrementara la impunidad. Asimismo, también se produjo la consolidación de cárteles de narcotráfico y de lavado de dinero cada vez más fuertes en varias zonas del país con lazos en sectores poderosos en la economía, la política y las instituciones.
La labor muy importante de investigación y denuncia llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad, puesta en marcha inicialmente por un fiscal español, Carlos Castresana, gracias a un acuerdo con Naciones Unidas, acabaría disuelta en 2019 por el presidente Morales, inmerso en varios asuntos de corrupción en su final de mandato. Aquello fue un gran golpe para la democracia, y abundantes sectores lamentaron tal decisión. Desde entonces, la impunidad se extiende en el país centroamericano y los pasos hacia atrás son tan graves como evidentes.
Pero llega un momento en que puede resultar de mínima esperanza. La primera ronda de las elecciones generales se celebró hace casi dos meses. Sus resultados fueron dignos de subrayar, pues ¡el ganador del sufragio fue el voto nulo! El rechazo de la población era inequívoco. Este domingo día 20 hay segunda vuelta. A ella concurren dos candidatos. En primer lugar, Sandra Torres, que lleva intentándolo varias veces. Exesposa del otrora revolucionario y después socialdemócrata presidente Álvaro Colom, ella se postula únicamente como salvaguarda de los poderosos, el grupo con más criminalidad e impunidad. Junto al eslogan “Orden” (y sus expresiones de sintonía con el salvadoreño Bukele), su propuesta principal es reveladora, tan desafortunada como patética, pues se declara explícitamente protectora de las élites, como se refleja en la foto siguiente.
En la primera vuelta ya hubo movimientos judiciales muy extraños que invalidaron algunas candidaturas (aunque no a Zury Ríos, la hija del genocida Ríos Montt, al estilo Keiko Fujimori en Perú, pese a la prohibición constitucional de ser candidato algún pariente de condenado según el artículo 186 c) de la Constitución). Pero lo más importante es que, con una cierta sorpresa, el Movimiento Semilla, liderado por el diplomático Bernardo Arévalo, (con breve estancia en la embajada en Madrid hace mucho), pasó a segunda vuelta. Este hecho no cosechó gran atención, lo que le salvó de la metralla institucional de los poderosos en los primeros momentos. Después, han sido muchos los groseros intentos judiciales de impugnar su pase.
El Movimiento Semilla se colocó como número dos a la segunda vuelta, y aunque solo fuese un partido de ideología socialdemócrata, sus contundentes mensajes contra la corrupción asustaron y movilizaron a los poderosos y sus correas de transmisión. Primero, para evitarlo, un juez corrupto promovió la anulación de los resultados. Lo hizo con enorme escándalo, pero la Corte Suprema Electoral lo logró rectificar. También se promovió de repente su ilegalización, ordenando la entrada abrupta en su sede e incautándose de bienes y archivos. También el Ministerio Público fue brutal en su hostigamiento.
En el final de campaña, la gente a la que preguntaba me contestaba sin ambages: es el mejor candidato. Nunca había experimentado tal contundencia en las respuestas. Mientras, la candidata hiperconservadora (que lleva, por cierto, como candidato a vicepresidente a un pastor evangélico, lo cual está prohibido por el artículo 186 f) de la Constitución guatemalteca), canceló su presencia a un debate público en televisión (me recordó al “valiente” gallego aquí hace menos de un mes). Esto permitió que el candidato del Movimiento Semilla respondiese solo a las preguntas directas e incisivas de tres periodistas.
Pero queda un aspecto muy importante para subrayar la gravísima situación del país. Los gobiernos conservadores y corruptos de los últimos años han tenido como principal enemigo a una parte del poder judicial. Por eso, al igual que otros países de la región, el asalto a este elemento de resistencia viene siendo una constante. Son muchas las anomalías que acontecen en este estamento.
Para empezar, la situación de prórroga e interinidad de la Corte Suprema, constituida por 13 miembros y encargada, además de ciertas funciones jurisdiccionales, de las relativas a autoorganización y nombramiento de jueces. Pese a su provisionalidad, sigue designando jueces a dedo. El bloqueo desde sectores conservadores de esta institución es algo que me recuerda, también, a nuestro país. Además –y esto es muy importante–, se fomenta la progresiva desprotección de jueces que ejercen importantes labores.
La democracia en Guatemala tiene su principal talón de Aquiles en los rotundos ataques desde el poder a jueces verdaderamente comprometidos. El Estado de Derecho, con ello, está en muy grave riesgo. Porque si a la infiltración y el creciente poderío del crimen organizado, los carteles de la droga y la corrupción de las clases altas, sobre todo a nivel político, no se le pone freno desde una justicia firmemente comprometida, el país se convertirá en una selva.
Hay tres clases de jueces: los nombrados por el poder, que actúan como alfombras sin escrúpulos en defensa de sus protectores o promotores; en segundo lugar, los magistrados buenos que tienen mucho miedo a enfrentarse con el poder y, en tercer lugar, queda un grupo reducido que son los casi héroes. Viven con altísima protección (cuatro militares en todo momento velando por su seguridad), con drones amenazantes en sus patios de casa o sobrevuelos de helicópteros sospechosos y muy intimidantes sobre sus tejados. Algunos de estos jueces, denominados oficialmente de Alto Riesgo, han dejado sus funciones, sobrepasados por el terror, incluso algunos se han ido al exilio. Otros se mantienen, cual heroínas, como Yassmin Barrios, premio Derechos Humanos de la Fundación Abogacía en 2013 y después galardonada por Michelle Obama en 2014 con el premio International Women of Courage en Estados Unidos.
El abandono político e institucional desde España y la Unión Europea (parece que solo piensen en la dimensión militarista respecto a Ucrania y Rusia) hacia América Latina no puede impedir que otros, ciudadanos demócratas y defensores de derechos humanos, alcemos la voz en contra de lo que está sucediendo. En el caso de Guatemala, seguirá siendo un volcán. Ojalá empiece a germinar la semilla de la esperanza.
Este artículo se publicó en el digital ctxt.es y se reproduce aquí con autorización del autor.