Autor: José Villamil

Crisis Presidencial, Autonomización de las Acciones Sociales, Guerra de Micrófonos y Populismo de Segunda Generación.

La crisis presidencial hondureña, la autonomización de las acciones sociales que afecta a México y Colombia y las deterioradas relaciones diplomáticas en el cono suramericano alimentada por el populismo de segunda generación; están marcando el panorama de la crisis de gobernanza y gobernabilidad que vive la sociedad latinoamericana en su conjunto.

Los deficitarios niveles de gobernanza reflejados en los enfrentamientos internos y externos entre actores estratégicos de cada uno de los países, el abuso de poder para eliminar a sus oponentes, pobreza galopante, crimen organizado y crecimiento paulatino del negocio del narcotráfico que descara la ineficacia de los programas internacionales e internos destinados a su lucha; es apenas una muestra del desconsolador panorama de la región, que se muestra como de pronostico reservado, sin que se le esté poniendo la atención adecuada de parte de la comunidad internacional.

 

El presente artículo, trata de explicar desde la óptica de la gobernanza los más recientes acontecimientos ocurridos en varias subregiones de Latinoamérica, con especial énfasis en tres eventos: la crisis presidencial hondureña, la crisis diplomática en Suramérica y la inseguridad en México y Colombia; los cuales muestran las precarias redes de interrelación y colaboración de actores estratégicos tanto internos como externos.

 

La Crisis Presidencial Hondureña.

La crisis presidencial parecía ser un fenómeno extinguido de la región a finales del siglo XX, pero los acontecimientos recientes de Honduras que desembocan en una fuerte crisis de gobernabilidad en la sociedad hondureña, muestran lo contrario. En efecto, los hechos por medio del cual fue depuesto el Presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, se enmarcan dentro de una clásica Crisis Presidencial y más concretamente bajo la tipología de un golpe legislativo.

 

Para explicar estas apreciaciones, se hace menesteroso hacer algunas precisiones conceptuales que nos permitan entender la realidad problemática y teórica del caso Hondureño.

 

En el mundo existen dos tipos de régimen político reconocidos: Presidencial, Parlamentario y a mitad de camino de estos dos, el Semipresidencial. El régimen presidencial, es aquella forma de gobierno adoptada por Latinoamérica y de la cual es precursor los Estados Unidos de America, en la cual la presidencia reúne en sus manos la jefatura del Estado y del gobierno, y el presidente no puede ser cesado por el congreso aunque, a su vez, éste tampoco puede ser disuelto por el presidente. Diferente a la forma de gobierno parlamentaria en donde el poder político es compartido, puesto que la jefatura del Estado corresponde a un órgano (en las monarquías constitucionales y parlamentarias europeas atribuida a la Corona) y la jefatura del gobierno imputada a un primer ministro o Presidente del Gobierno proveniente de una elección en el Parlamento, de ahí su calificativo de régimen parlamentario.

 

Como lo manifiesta el profesor Maurice Duverger: “El régimen presidencial se distingue del régimen parlamentario desde tres puntos de vista esenciales. El presidente es a la vez jefe de Estado y Jefe de Gobierno y ejerce efectivamente sus poderes. En segundo lugar, ese jefe único del Estado y del gobierno es elegido por toda la Nación por medio del sufragio universal directo. En tercer lugar, el presidente y el Parlamento son independientes uno de otro de una manera mas rigurosa: de ahí el nombre de separación de poderes tajante o rígida. Los elementos esenciales de esta independencia son: 1) que el parlamento no puede derribar al gobierno presidencial con un voto de desconfianza como en el régimen parlamentario; 2) que el presidente no puede disolver al Parlamento. Están condenados a vivir juntos sin poderse separarse; es un matrimonio sin divorcio. Esto concede al gobierno presidencial una estabilidad segura, aun cuando el sistema de partidos no permita reunir una mayoría parlamentaria, como sucede en Estados Unidos” (Duverger, 1988). La rama ejecutiva y legislativa están directamente legitimadas por el electorado configurándose así dos centros de poder institucional. El riesgo del bloqueo del proceso de decisión política es real en esta forma de gobierno, puesto que el sistema no tiene medios para dirimir un conflicto de envergadura entre uno y otro. Pero el sistema político norteamericano, único caso de presidencialismo puro, ha utilizado hasta el presente las vías formales e informales suficientes para conjurarlo (Lleixa, 2006).

 

El contexto latinoamericano es el escenario donde perviven la mayoría de los regimenes presidenciales del mundo y donde precisamente también se encuentra el mayor historial de fragilidad e inestabilidad, en especial por tendencias esporádicas sobrevinientes que se mezclan como la reelección y las propias crisis presidenciales, las cuales le restan credibilidad a dicha forma de gobierno en la región. Respecto a ello, el profesor Giovanni Sartori ha dicho: “El Presidencialismo, por mucho ha funcionado mal. Con la única excepción de los Estados Unidos, todos los demás sistemas presidenciales han sido frágiles- han sucumbido regularmente ante los golpes de Estado y otras calamidades”.

 

Ahora bien, la forma de gobierno presidencial ha sido la vigente por excelencia en el ordenamiento constitucional latinoamericano. Sin embargo, la tradicional preponderancia del poder ejecutivo ha venido a eliminar una de las principales virtudes teóricas de dicha forma basada en la división de poderes o, si se prefiere, en el sistema de "frenos y contrapesos". Tradicionalmente, solo la imposibilidad de la renovación de los mandatos ha constituido una barrera al inmenso poder que tienen en sus manos los presidentes, pero la fiebre e institucionalización de la reelección presidencial en los ordenamientos constitucionales, instaurada prácticamente como una moda después de la tercera ola de democratización y con un marcado impulso de los movimientos híbridos y populistas de aparente izquierda y derecha que pululan en la región, han ido dirigidas a transformar ese principio ampliando de manera consecutiva el ejercicio del poder político en una sola persona, mostrando una situación de presidencialismo fuerte o de democracia delegativa.

 

En efecto, el populismo de segunda generación inaugurado desde la época de Menem en Argentina y Fujimori en Perú, padece una fiebre y ansias de reelección, procedimiento históricamente poco usual y mucho menos permitido en los ordenamientos constitucionales latinoamericanos, por lo que han tenido que recurrir a la modificación de sus Constituciones Políticas, peligrosa posición que alienta mucho más los liderazgos mesiánicos de largo plazo. Desde el inicio de esta segunda etapa populista, se ha venido una oleada de reformas constitucionales y referendos para obtener la reelección inmediata en algunos casos y en otros la vía alterna hasta la más descarada de buscar pausadamente la reelección indefinida, demostrando el insaciable apetito de poder (Villamil, 2008).

 

El Profesor Aníbal Pérez Liñán, en su valioso estudio sobre la crisis presidencial latinoamericana manifiesta que: “Uno de los supuestos mas arraigados en el estudio del presidencialismo latinoamericano radica en la idea de que dichos regimenes son incapaces de resistir una feroz pugna de poder. Cuando el Presidente y el Congreso se traban en un conflicto institucional prolongado, la Constitución ofrece escasos mecanismos para resolver la crisis de manera orgánica. En contraste con los regimenes parlamentarios, en donde el primer Ministro puede disolver el Parlamento o los parlamentarios pueden impulsar un voto de censura. Los Sistemas Presidenciales se muestran extremadamente rígidos: el ejecutivo típicamente carece de poderes para disolver al Congreso, y el Congreso solo puede destituir al Presidente mediante el Juicio Político, procedimiento extremo y pocas veces utilizado. Ejecutivo y legislativo se ven entonces obligados a coexistir en un marco de confrontación generando una crisis de gobernabilidad”.

 

En ese orden de ideas, entendemos por “Crisis Presidencial” toda forma de conflicto constitucional en el cual uno de los poderes electivos del presidencialismo (ejecutivo o Congreso) promueve o acepta la disolución del otro. De acuerdo con esta definición operativa acuñada por Pérez Liñán, constituye una crisis presidencial todo aquel episodio en el cual: i) el presidente amenaza con disolver al Congreso, ii) el Congreso pide la renuncia del Presidente, o iii) uno de los poderes apoya la intervención militar para clausurar al otro.

 

En esa proyección, se han establecido algunas tipologías de formas de resolución de crisis presidenciales. Históricamente, tres patrones de resolución (golpe militar, autogolpe, o golpe legislativo) han implicado la ruptura del régimen político mientras que otras tres (estabilización, disolución del congreso, o juicio político al presidente) han permitido una resolución simétrica al conflicto. El autor en el periodo comprendido entre 1950 y 1996 estableció 39 crisis de ese tipo, 22 de las cuales generaron alguna disrupción en el régimen.

 

Según este estudio, los actores estratégicos de la subregión centroamericana, se han inclinado hacia el golpe legislativo como forma predominante de resolver la crisis presidencial. El Golpe Legislativo es aquella categoría descrita por Pérez Liñán como, aquella crisis en las cuales el congreso y los militares actúan conjuntamente para deponer al presidente. Esta definición, incluye situaciones en las cuales las fuerzas armadas apoyan al congreso en su confrontación con el ejecutivo (como en Panamá en 1951, cuando Arnulfo Arias intento clausurar el congreso pero fue depuesto violentamente por la policía nacional y juzgado por los legisladores), pero también incluye una mayoría de casos en los que el congreso pasivamente legitima un golpe militar contra el presidente y nombra a un sucesor para preservar una imagen de legalidad. En 1988, treinta y siete años después del fallido golpe de Arnulfo, la legislatura panameña legalizó el golpe del General Noriega contra el presidente Eric del Valle. Los legisladores se reunieron de improviso durante la noche, depusieron al presidente de su cargo, y nombraron al ministro de educación en su lugar, apostilla Pérez Liñán.

 

Los hechos mediante el cual, el ejército hondureño sacó del país al presidente Manuel Zelaya para que en su ausencia fuese remplazado por el presidente del congreso Roberto Micheletti, no parecen ser pura coincidencia. Es la repetición de la historia y fijémonos que el golpe legislativo parece ser una tipología de crisis presidencial característica de una subregión específica y es la centroamericana.

 

“En la sesión del Congreso Nacional de Honduras del 28 de junio de 2009, se leyó una presunta carta de renuncia presentada por el presidente Zelaya y se acepto la misma. Sin embargo, desde Costa Rica el presidente Zelaya desmintió haber presentado tal renuncia, y manifestó que ello demostraba que no se trataba solamente de un golpe militar sino de una conspiración en su contra. También hizo un llamado a la desobediencia civil contra lo que el denomino la “elite voraz que hace retroceder a Honduras”. Horas después, el Congreso volvió a sesionar y resolvió por unanimidad la destitución del presidente Zelaya, por considerar que las acciones de gobierno de este habían violado la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designó para sucederlo al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, con el compromiso de que el mismo permanecerá en el cargo solamente hasta la terminación del mandato de Zelaya en enero de 2010. Por medios de televisión internacional se conocieron los detalles de la carta de renuncia, antes desmentida por el presidente Zelaya, fechada el 25 de junio y que justificaba la renuncia principalmente por razones de salud.

Estos acontecimientos ocurren en el marco de un conflicto entre los poderes constitucionales de Honduras en el cual se enfrentaron el presidente Manuel zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema, sobre la legalidad de una consulta no vinculante, la cual tenia como objetivo saber si los hondureños están de acuerdo en que los comicios de noviembre se colocase una cuarta urna para votar un referéndum y cambiar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente, e incluir, según los adversarios del presidente depuesto, la reelección indefinida para el cargo presidencial” (Wikipedia, 2009).

 

En este caso, la crisis presidencial ha generado una ruptura del régimen político que a su vez ha desencadenado una fuerte crisis de gobernabilidad en la sociedad hondureña, caracterizada por un orden público totalmente turbado a pesar de las medidas extremas tomadas por el presidente encargado para conjurar la crisis. Esta manifestada crisis presidencial, resuelta de primera mano con un golpe legislativo, tiene sus antecedentes en una débil gobernanza expresada en unas deficitarias redes de interrelación y colaboración entre sus principales actores estratégicos gubernamentales, generada por la iniciativa de incluir una propuesta de referéndum para reformar la Constitución e incluir la reelección presidencial en la carta magna hondureña, la cual le daría la posibilidad al presidente Zelaya de acceder aun segundo mandato consecutivo.

 

En consecuencia, los deficitarios niveles de gobernanza en torno a la reelección, degeneraron en una fuerte crisis presidencial, resuelta mediante un golpe legislativo que involucra de paso una ruptura del régimen y una desbordante crisis de gobernabilidad en la sociedad hondureña.

 

Crónica de Guerra de Micrófonos y Gobernanza Andina.

La subregión andina atraviesa desde el inicio del milenio por una guerra de micrófonos, protagonizada por los presidentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia; contra su homologo de Colombia en una franca confrontación de movimientos populistas que gobiernan los destinos de esas sociedades.

 

Las resquebrajadas relaciones entre los mandatarios andinos, se han visto alimentadas en el inicio del segundo semestre de 2009 por las insinuantes acusaciones consecutivas desde Colombia, con respecto a las supuesta financiación de las FARC a la campaña presidencial del Presidente Correa de Ecuador, exhibidas en un video donde el mas beligerante comandante de ese grupo guerrillero conocido como el “Mono Jojoy”, afirmaba la proyección de dineros hacia la organización electoral del Presidente ecuatoriano y también contra Venezuela haciendo referencia a la entrega de armas venezolanas a la organización guerrillera, armamento previamente adquirido por el gobierno de ese país a Suecia. En ese ambiente polarizado, las reacciones de los presidentes vecinos no se hicieron esperar, refutando las acusaciones y de paso rompiendo las relaciones comerciales y diplomáticas, hasta el punto que Venezuela ordenó la salida de su embajador en Bogotá y el cierre de intercambios comerciales con sectores importantes de la economía con Colombia y acudiendo en su momento a llenar el espacio de la sustitución de la compra de productos colombianos con elementos provenientes de la industria de otros países sudamericanos.

 

Desde el inicio de este milenio, la gobernanza colombiana y principalmente el manejo de los actores estratégicos derivados de la autonomización de las acciones sociales, principalmente el del flagelo de la guerrilla, se muestra como una dinámica muy influyente en la geoestrategia de la región, puesto que por cuenta de la conducción de ese conflicto se han derivado fuertes enfrentamientos entre el presidente Uribe y un inflado grupo de mandatarios latinoamericanos que han confrontado con el país cafetero en instancias como el Grupo de Río y la OEA, mostrando la soledad de Colombia, que ha venido exhibiendo como ventaja política y estratégica su amistad con los Estados Unidos.

 

Ahora bien, en todo este barullo y como abreboca a la campaña electoral para elegir al próximo Presidente de Colombia, por primera vez se conocieron las declaraciones a un medio de comunicación colombiano, del Comandante de las FARC, conocido con el remoquete de “Alfonso Cano”, que al ser interrogado por la revista Cambio, respondió: “No hemos entregado ni armas ni dineros a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos? (Revista Cambio, 2009).

 

Este panorama polarizado se vio agravado por el anuncio de Bogotá en torno a la firma de un convenio de cooperación con los Estados Unidos, por medio del cual se instalarán al menos siete bases militares en las cuales entrarían a colaborar fuerzas norteamericanas, por lo cual los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia saltaron inmediatamente a controvertir la decisión colombiana tildándola de una insinuación de guerra. El acuerdo, vagamente explicado en un inicio, provocó una tormenta de protestas en la región. El presidente venezolano advirtió “están soplando vientos de guerra”. El Presidente boliviano Evo Morales exhortó a los latinoamericanos a “rescatar” a Colombia del imperialismo estadounidense. La presidenta argentina, calificó la decisión de beligerante. Y Fidel Castro afirmó que “bloquearía el cambio social en el área. Hasta un moderado como el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, se sumo a los mas estridentes izquierdistas manifestando su preocupación, un signo de que la controversia esta socavando los esfuerzos de la administración de Obama por restablecer relaciones mas cordiales con la región y reviviendo recuerdos de pasadas intervenciones de Estados Unidos (Nuevo Herald, 2009).

 

Se trata pues, de una decisión apresurada del Gobierno colombiano para congraciarse con la administración Obama y con actores estratégicos estadounidenses demócratas, por su anterior postura de abierto alineamiento con las políticas republicanas en la etapa electoral hacia la Casa Blanca, efectivamente porque congresistas y activistas de derechos humanos han fustigado a Bogota por sus escasos resultados en la lucha contra la violación de derechos humanos y el narcotráfico, motivaciones por las cuales no se aprueba aun el anhelado tratado de libre comercio que Colombia pide a Estados Unidos con tanta vehemencia. Pero además de esta acción reivindicatoria, la decisión también representa a la vez un fuerte golpe de opinión interno, cautivador hacia aquellos segmentos electorales proclives a la mano fuerte de la seguridad democrática, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones en el 2010, en la cual el Presidente Uribe aspira obtener un tercer mandato consecutivo en el cual se reformaría la Constitución por segunda vez, pese a la oposición de diversos actores estratégicos como la iglesia, partidos de oposición y algunos sectores empresariales que no ven con buenos ojos dicha prolongación de su gobierno, incluida la posición negativa de Obama hacia un tercer periodo.

 

Empero, las fisuras en las relaciones con Venezuela y Ecuador motivadas por el mencionado acuerdo militar, obligaron rápidamente al Presidente de Colombia a desarrollar una agotante gira por siete países de Sudamérica, luego de que los presidentes de Brasil y Chile pidieran explicaciones sobre el controvertido acuerdo entre Bogotá y Washington, de igual manera de las declaraciones de Correa diciendo a medios de comunicación colombianos que si se repite una acción militar de Colombia en su territorio como la de marzo 2008, cuando se abatió a Raúl Reyes, habrá una guerra y de la negativa de Colombia de asistir a la cumbre de la Unión de Naciones del Sur ocurrida en Quito en 10 de agosto (BBC, 2009).

 

Posterior a ello, y en la víspera de la reunión de Bariloche, el presidente colombiano, en una asamblea de empresarios de su país se declaró dispuesto a recomponer las relaciones con Ecuador y Venezuela y pidió nuevamente perdón por la incursión a territorio ecuatoriano, ante lo cual, Correa dijo que aceptaba las disculpas de su colega colombiano Álvaro Uribe por el bombardeo de marzo de 2008, pero condicionó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas al cumplimiento de los compromisos adquiridos en Republica Dominicana, durante la reunión del Grupo de Río. Correa explico en su programa radial sabatino que “hay una serie de compromisos que el Presidente Uribe adquirió y no ha cumplido”, como la entrega de los videos del bombardeo a la OEA, el envío de los discos duros de las supuestas computadoras de Reyes y dejar de vincular a su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (AP, 2009).

 

Mientras tanto, Chávez en su acostumbrado programa “Alo Presidente”, replicaba alimentando la hoguera, que no volvería a confiar en Álvaro Uribe, respondiendo así al llamado del presidente colombiano para conversar y recomponer las relaciones con Venezuela y Ecuador. Chávez, congeló las relaciones con Colombia en julio, debido al acuerdo militar que Colombia y Estados Unidos empezaron a finiquitar para dar a Washington un acceso controlado para al menos siete bases militares en el país sudamericano, el cual fue sellado por los dos países el pasado18 de agosto. El mandatario Venezolano ha reiterado su ofrecimiento de sustituir las importaciones colombianas, que el año pasado sumaron 6.100 millones de dólares, por productos de países como Brasil y Argentina (AFP, 2009).

 

Ulterior a ello, se dio la reunión de UNASUR del 28 de agosto en Bariloche (Argentina), presidida por el presidente de Ecuador y configurada en principio como una encerrona de parte de Chávez, Correa y Morales contra Uribe para atacarlo por su acuerdo militar con Estados Unidos; en un franco escenario mediático, puesto que el encuentro se dispuso fuera transmitido en directo para armar la exhibición a la que están acostumbrados los mandatarios andinos en pugna. En torno a ello, el presidente Lula en su tono moderado conducente a preservar la integridad de la reciente UNASUR, mostró su desacuerdo, reiterando que esa discusión tenia que tener un tratamiento privado, porque muchas veces los gobiernos hablan para su publico y no para la discusión, planteando de paso el interrogante: “porque si Uribe dice que las bases militares están desde el año 52 y no se ha logrado nada, ¿no habrá llegado la hora de replantear el mecanismo de esta lucha, en lugar de ampliarlo?”.

 

Para la periodista Colombiana María Isabel Rueda, a pesar de que los contradictores de Colombia no lograron su cometido de dejar sentada como posición de UNASUR la prohibición de las bases o en su defecto la verificación de su funcionamiento, “quedamos absolutamente notificados de que ninguno de los actuales mandatarios suramericanos confía en esa presencia norteamericana, ni se cree el cuento de que se limita a complementar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y teniendo en cuenta que UNASUR es un mecanismo que se inventó Brasil para disputarle a los norteamericanos influencia en la región, creo que el verdadero perdedor de la reunión de Bariloche fue el gobierno de Estados Unidos” (Rueda, 2009).

 

Los reiterados enfrentamientos entre los mandatarios del subcontinente se han enmarcado en el espacio de los mass media y no entre los cánones de las relaciones diplomáticas entre Estados, precisamente por el deficitario nivel de institucionalidad que viven estos países a causa del influjo populista que mantiene narcotizada a la ciudadanía que sufre su influencia de manera desprevenida.

 

Las relaciones entre los países andinos no se dan dentro de los cauces normales y diplomáticos, sino a través de los ya acostumbrados canales mediáticos utilizados por los mandatarios para comunicar a sus pueblos una determinación o aplicación de política publica. Lejos de utilizar los mecanismos formales y sigilo diplomático a través de sus Ministerios de asuntos exteriores, estos agarran los micrófonos para lanzar arengas en contra de sus contradictores vecinos, desde “Alo Presidente”, Los Consejos Comunales de Gobierno y el Programa radial Sabatino Enlace Ciudadano; utilizados por Chávez, Uribe y Correa; respectivamente en cada uno de sus países.

 

Precisamente, una de las características mas pronunciadas de este populismo de segunda generación al que pertenecen Chávez, Correa, Morales y Uribe, es la descalificación del contrario en un ambiente que se polariza constantemente, disponiendo para ello de un fuerte manejo de marketing gubernamental, que les permite a diario estar en contacto con sus ciudadanos, utilizando medios masivos de comunicación ya sean estatales o privados. Es un contexto donde prevalecen los mensajes negativos de descrédito del gobernante contra cualquier actor estratégico que se encuentre en oposición a sus pensamientos. Los medios de comunicación se convierten en el principal instrumento y canal por donde llegan los epítetos que descalifican a sus contradictores (Villamil, 2008).

 

El marketing gubernamental utilizado por los populistas de segunda generación le da buenos réditos internos, utilizando como estrategia el descrédito y odio hacia el gobernante vecino, exaltando los sentimientos nacionalistas; pero no es menos cierto que las instituciones y la dinámica comercial han llevado la peor parte por cuenta del enfrentamiento premeditado de los presidentes andinos, que se refleja en el desolador panorama que muestra la Comunidad Andina de Naciones, otrora Pacto Comercial Andino. Como muestra bastaría exponer la expresión del presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), Camilo Llinás Angulo: “El año es para olvidar. Perdimos un mercado con Venezuela de 50.000 carros y otro con Ecuador de 10.000. La cifra es grande en pérdida para Colombia si la multiplicamos por 15.000 dólares que es el costo de cada unidad exportada. Los 10.000 vehículos que no se vendieron fueron dineros que perdió la industria, por cuanto no hay forma de colocarlos inmediatamente en otro mercado” (Diario la Opinión, 2009).

 

El Feedback de la Gobernabilidad de las Sociedades Colombiana y Mexicana.

Los presidentes de Colombia y México suscribieron el pasado mes de agosto un acuerdo de cooperación policial para hacer frente al crimen organizado que afecta a estos dos países. “El crimen organizado y, en particular, el narcotráfico, afecta toda la región, y la lucha contra la delincuencia deber ser compartida”, afirma el presidente mexicano Felipe Calderón, haciendo un llamado por una mayor integración entre Latinoamérica y el Caribe para enfrentar la delincuencia.

 

El emplazamiento de Calderón hacia la lucha contra esa realidad ineludible que vive Latinoamérica, es una expresión del feedback de la gobernabilidad del conjunto de esa sociedad, en la que encontramos más de 180 millones de pobres y 70 millones de indigentes que sobreviven en ciudades que han crecido desmesuradamente a la par del crimen y la violencia.

 

Solo con mirar la siguiente referencia de prensa es una guía:

La ola de violencia que vive México en medio de la lucha frontal lanzada por el Gobierno contra los cárteles de la droga y la delincuencia organizada ha costado en lo que va de año 4.001 vidas, según publica el periódico El Universal. En su recuento, el rotativo señala que esta situación representa un incremento del 65,19% por ciento respecto al mismo período de 2008. Los estados más violentos de México serían Chihuahua, en el norte del país, con 1.609 muertes, seguido a bastante distancia por Durango y Sinaloa, noroeste, con 436 y 406 homicidios dolosos respectivamente, Michoacán, oeste, con 370, y Guerrero, en el sur del país, con 233. El Universal reconoce, además, que hay un repunte de la violencia, lo que prueba señalando que en los últimos 44 días se han recrudecido los actos violentos al haberse registrado un promedio de 22 muertes por día en México. Esta lectura coincide con la que hace otro rotativo, Milenio, que sitúa en 854 las muertes registradas en el recién concluido mes de julio. Detalla, además, que sesenta de las víctimas fueron policías, la cifra más alta del año para esta profesión, y otras dieciséis, menores de edad. Precisamente este último periódico, que mantiene su propio recuento diario de la violencia, considera que el mes pasado fue "el más violento" desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder el 1 de diciembre de 2006. También detalla que desde entonces hasta ahora, las muertes relacionadas con el crimen organizado totalizan ya 12.904 casos (EFE, 2009).

 

Si en México empieza a llover en el país cafetero no escampa. Colombia es una sociedad aquejada en su conjunto desde finales del siglo veinte por una fuerte autonomización de las acciones sociales proveniente en gran parte del narcotráfico. Efectivamente, ni siquiera la muerte de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín y el enjuiciamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela, dirigentes del Cartel de Cali, en el ocaso del milenio, acabó con el narcotráfico y mucho menos ha logrado disipar la ola de violencia urbana que aqueja los principales centros urbanos de Colombia y antes por el contrario se presagia la época mas violenta en las ciudades colombianas.

 

Se ha presentado una fragmentación de los organizados carteles de la droga preexistentes desde la década de los ochenta para dar paso a bandas emergentes que heredaron toda la infraestructura logística y militar; uniéndose y en algunos casos siendo absorbidas por las manifestaciones urbanas de los paramilitares y de la guerrilla que también entraron en el negocio.

 

A ello se suma, que el 46% de los colombianos vive en la pobreza y el 18% en estado de indigencia; indicadores estrechamente vinculados con el fenómeno de degradación urbana creciente, alimentado por el narcotráfico y otras formas delincuenciales, desatendidas por las políticas gubernamentales y eclipsada por los logros de la llamada seguridad democrática de los dos periodos consecutivos de gobierno del presidente Uribe. El aumento desproporcionado de los índices de criminalidad en las principales ciudades de Colombia , producto de los múltiples asesinatos en serie, delitos contra el ciudadano y la propiedad; provenientes de narcotraficantes que se disputan el control del territorio urbano, bandas emergentes de paramilitares, organizaciones criminales destinadas a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias y pandillas juveniles que azotan las barriadas desprovistas de las mínimas condiciones de asistencialidad estatal; reflejan una realidad inquietante y descuidada(Villamil, 2009).

 

Según la revista Cambio, las autoridades se han obsesionado con las FARC y han descuidado la seguridad ciudadana, señalando que si bien la política de seguridad democrática ha sido exitosa en las zonas rurales para combatir la guerrilla, reducir la intensidad del conflicto, disminuir los secuestros y las tomas de los pueblos, en las ciudades ha sido relativo o solo ha sido un efecto colateral. La inseguridad ciudadana está engendrando de manera soterrada unas hidras de mil cabezas que si no son atacadas a tiempo, en unos años pueden volverse un problema igual o peor que el de la guerrilla (Revista cambio, 2009).